Deuda Pública de Paraguay: Descripción, análisis y desafíos
A modo de entender el proceso que ha tenido la Deuda Pública en Paraguay es necesario recapitular eventos puntuales que p ... Leer Más >>
En Paraguay, la situación financiera de la Caja Fiscal se compone por sectores superavitarios y deficitarios.
A decir, el aporte de los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, es mayor a los haberes, por lo que presentan resultados positivos. Mientras que los maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional registran descalces, es decir, los haberes jubilatorios superan a las contribuciones. Por esto, los insuficientes recursos registrados en el sector docentes del MEC son cubiertos con los recursos superavitarios generados por los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios y en el último año, con las reservas jubilatorias. En tanto que, el desequilibrio que presentan las fuerzas públicas es respondido directamente con impuestos, es decir, del pago que realizan los contribuyentes en concepto de tributos.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el déficit acumulado de enero a diciembre de 2021 de la Caja Fiscal se ubicó en US$ 167 millones equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
Para el caso de la Administración Pública, el sector presentó mayores aportes que erogaciones por valor de US$ 60 millones; el de docentes universitarios registró un superávit de US$ 3 millones, mientras que el de magistrados judiciales presentó un balance neto positivo de US$ 1 millón.
Como se mencionaba en párrafos anteriores, los sectores deficitarios continuaron siendo el del Magisterio Nacional (US$ -93,4 millones), Fuerzas Armadas (US$ -74,1 millones) y el de la Policía Nacional (US$ -63,3 millones).
Los últimos datos oficiales revelan que en el período comprendido entre enero y abril de 2022, el Ministerio de Hacienda ha desembolsado G. 1,3 billones frente a los G. 997.061 millones de los aportes realizados por los distintos sectores que componen la Caja Fiscal. La diferencia marca un déficit de G. 316.289 millones al primer cuatrimestre del año 2022 ó 24% en lo que va del año.
Del monto total desembolsado a abril en concepto de haberes, los maestros recibieron G. 532.420 millones (40,5%), mientras que los policías G. 251.285 millones (el 19,1% del total). Dentro del mencionado total, para los militares se transfirieron G. 231.009 millones (un 17,6%), en tanto que a los empleados públicos la suma de G. 231.228 millones, los docentes universitarios G 42.429 millones y Magistrados G. 24.980 millones, desembolsos que representaron el 17%, 3% y 2%, respectivamente.
Conforme los mismos datos del Ministerio de Hacienda, en la actualidad, los empleados públicos se constituyen en el grupo más numeroso entre los aportantes activos totales. De hecho, representan el 37,9% de todos los que contribuyen a la Caja con 87.398 personas frente a los 17.149 jubilados.
Al mencionado grupo le sigue el de los maestros con 77.684 docentes activos (33,7%) y 32.307 en condición de jubilados.
Los policías y militares cuentan con 25.376 (11%) y 15.307 (6,6%) aportantes al cierre de abril de 2022. En contrapartida se registran 8.773 y 7.947 quienes cobran sus haberes jubilatorios.
Los demás sectores que componen la Caja Fiscal son los docentes universitarios con 13.046 activos (5,7%) y 12.012 magistrados judiciales, representando el 5,2% del total. En tanto que la cantidad de jubilados en ambos sectores es de 1.432 y 617 personas, respectivamente.
• Simulación jubilatoria: Docentes y empleados públicos
Meses pasados, la consultora MF Economía e Inversiones había realizado varios ejercicios sobre el impacto de la importante brecha existente entre los aportes y haberes de varios sectores que conforman la Caja Fiscal.
En tal sentido, el Ministerio de Hacienda dio a conocer, recientemente, en el programa de Enfoque Económico de ABC Cardinal, simulaciones parecidas como la duración promedio de beneficios para el sector docente. Al respecto, se consideraron determinados parámetros como:
- Un promedio de vida de 80 años para un docente jubilado;
- Un promedio de años de jubilación observado de 51 años para el Magisterio Nacional y;
- Una cotización mensual promedio observada de G. 936.000 y un beneficio promedio de G. 4.200.000.
De acuerdo con este ejercicio, el sistema, basado en un mecanismo de capitalización colectiva deberá financiar los beneficios de la jubilación por 29 años en el caso de la funcionaria docente. Esto, cuando en promedio, las cotizaciones solo alcanzan a cubrir 5 años y medio de su vida pasiva.
Para el caso del sector de la Administración Pública se consideran los siguientes puntos:
- Un promedio de vida de 80 años para un funcionario jubilado;
- Un promedio de años de jubilación observado de 62 años para el sector;
- Una cotización mensual promedio de G. 1.205.000 y un beneficio promedio observado de G. 3.500.000.
Con los mencionados parámetros, el sistema, en este caso, deberá financiar los beneficios de la jubilación por 18 años para el funcionario retirado. Al igual que el ejercicio jubilatorio docente, los aportes no alcanzan a cubrir el total de los haberes estimados. El promedio para las cotizaciones de este caso alcanza a cubrir 8 años y medio de su vida pasiva.
Los ejemplos presentados se replican en todo el sistema de la Caja Fiscal y las proyecciones no son alentadoras de no implementarse reformas que vayan reduciendo el importante déficit. Como muestran los datos, el descalce presenta un comportamiento sostenido en el corto y mediano plazo. Tal es así que al cierre de 2022 se estima que el déficit ascendería a US$ 224 millones, de los cuales US$ 153 millones corresponde al programa no civil (Fuerzas Públicas) y US$ 71 millones al sector civil, principalmente por el déficit del sector docente.
Por tanto, iniciativas que plantean otorgar más beneficios a algunos sectores del sistema público, solo terminarán por agravar la situación financiera de la Caja Fiscal.
Sobre el punto, en la siguiente entrega del suplemento económico se analizará el impacto de una eventual aprobación de nuevos beneficios para algunos sectores.