Paquetes de modificaciones: Descripción y alcances

Los dos últimos gobiernos, si incluimos el saliente de Mario Abdo Benítez, también impulsaron decisiones económicas de importancia. Por mencionar, durante la administración de Horacio Cartes, el acceso a la información pública se convirtió en una herramienta en el proceso de transparencia. En tanto que, en el actual periodo presidencia, destacan la Ley de Bancos que otorga mayor potestad al Banco Central del Paraguay en la toma de decisiones con relación a los parámetros de aplicación para la estabilidad del sistema financiero.
Otras reformas fueron la vigencia del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) que unificó los impuestos a la renta que se encontraban vigentes en el país, la actualización de la Ley de Compras Públicas, la Ley de Empresa por Acciones Simplificadas (EAS) y el paquete de 10 leyes “antilavado” se convirtieron en soporte para todo el trabajo realizado desde años atrás.
Sin embargo, pese a la serie de adecuaciones, el saliente Gobierno deja pendiente varias propuestas de modificaciones como la Ley de Reforma "De la función pública y la carrera del servicio civil”, basándose en la transparencia, integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, y la eficiencia. Además, del proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, o Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0. Una reforma de actualización de la regla fiscal vigente que define la hoja de ruta de consolidación de la disciplina fiscal post pandemia, priorizando el gasto en inversión pública e incorporando un límite a la deuda pública. Igualmente, incluye la creación de un Fondo Soberano de Estabilización, da rango de ley al Consejo Fiscal Asesor (CFA), e incluye la obligación de que el Ministerio de Hacienda elabore un informe técnico sobre todo proyecto de ley que implique un impacto fiscal (Banco Interamericano de Desarrollo-BID).
El proyecto de Superintendencia de Pensiones es otra propuesta normativa que no pudo prosperar durante la administración de Abdo Benítez y que forma parte del paquete de proyectos que buscará impulsar el entrante Gobierno de Santiago Peña. 
El objetivo, en principio, será, no solamente recomponer la complicada situación de la Caja Fiscal, sino de todo el sistema del país, es decir, una mirada amplia de reordenamiento de las cajas previsionales que funcionan en Paraguay. Los alcances del proyecto aún no fueron dados a conocer porque se ultiman detalles en esferas del Ministerio de Hacienda.

•    Más reformas de institucionales 
Casi a finales de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que “Crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, una propuesta que consiste en la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). 
De acuerdo con el proyecto se busca convertir a las actuales autoridades recaudatorias en Gerencias Generales dependientes de la nueva Dirección Tributaria como unidades operativas similares a as “unidades de negocios” de las grandes empresas. 
Además, de mejorar la eficiencia en la administración tributaria y reducir los costos asociados a la recaudación fiscal, entre otros objetivos, refiere parte de la exposición de motivos de la propuesta normativa. 
Días atrás, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Esto, pese al rechazo suscitado entre sectores vinculados, sobre todo, a la actividad aduanera.
Otra iniciativa presentada ante el Senado es el proyecto de ley que “Crea el Ministerio de Economía y Finanzas” que sustituirá, unificará y ampliará las funciones asignadas tanto al Ministerio de Hacienda (MH), la Secretaría de Función Pública (SFP) y a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). 
De la propuesta se desprende que la fusión constituirá un organismo de derecho público, normativo, estratégico y encargado de la formulación, diseño, definición, dirección, coordinación, ejecución y conducción de la política económica nacional. Así como permitirá la administración de los recursos del país y la coordinación de las políticas públicas en materia de desarrollo económico. 
A diferencia del proyecto que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, éste no contempla precisiones sobre funciones y atribuciones de las autoridades. Por lo que se asume que quedará a consideración del decreto reglamentario. 
Al conjunto de reformas se sumó el proyecto de ley “Que fortalece las capacidades de la Comisión Nacional de Valores para la obtención e intercambio de información y cooperación con autoridades o agencias extranjeras gubernamentales reguladoras y supervisoras de los mercados de valores y derivados”. La propuesta sufrió modificaciones importantes en la Cámara de Diputados, por lo que el acápite quedó con la siguiente denominación, proyecto “Que crea la Superintendencia de Valores en sustitución de la Comisión Nacional de Valores”.
Así se plantea la creación de la Superintendencia de Valores, en sustitución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como autoridad de regulación, supervisión y control del mercado de valores. La dependencia formará parte del Banco Central del Paraguay, pero gozará de autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con parte de la iniciativa el organismo deberá velar por la estabilidad del mercado de valores, promover su desarrollo ordenado, inclusivo, competitivo y transparente, para contribuir al progreso económico y social del país. Además, de la inscripción en los registros de las personas que deseen brindar servicios de asesoramiento bursátil, dentro del territorio nacional. 
Al paquete de leyes se sumarán otras reformas de modificaciones como el proyecto que crea el Registro Único Nacional (RUN) y plantea la unificación de la Dirección Nacional de Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial; el Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda; y el Departamento Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Además, de elevar a ministerio el viceministerio de Minas y Energía del MOPC y que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA) queden en dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
Es de mencionar que de estas últimas propuestas no se tienen mayores detalles tal como ha sido el denominador en la presentación y tratamiento de los proyectos recientes. 
Igualmente, es importante señalar que Paraguay precisa de reformas que permitan un reordenamiento de la estructura funcional del Estado. Sin embargo, modificaciones como las impulsadas y las que están a la espera, ameritan necesariamente una socialización con los sectores vinculados para una mejor y mayor focalización de los objetivos. Además, del análisis presupuestario en el corto y mediano plazo.